Cuando hace unos a帽os se estanc贸 la investigaci贸n sobre el atraco a un banco en Virginia, la polic铆a local recurri贸 a Google.
Las autoridades entregaron al gigante tecnol贸gico una 鈥渙rden de geocerca鈥� (geofence warrant), que exig铆a a la empresa analizar los datos de ubicaci贸n de millones de personas para identificar a un pu帽ado de individuos cuyos tel茅fonos m贸viles los situaban a menos de 300 metros del banco en el momento del atraco.
Con los datos en su poder, la polic铆a resolvi贸 el caso. Sin embargo, tambi茅n desencaden贸 un desaf铆o constitucional que ahora se encuentra ante la Corte Suprema.
Este lunes, los magistrados debatir谩n si estas 贸rdenes de amplio alcance dirigidas a empresas tecnol贸gicas en lugar de a sospechosos individuales son compatibles con la prohibici贸n de registros irrazonables establecida en la Cuarta Enmienda.
En una 茅poca en la que los ciudadanos estadounidenses almacenan enormes cantidades de datos en l铆nea, la decisi贸n de la Corte podr铆a facilitar a las fuerzas del orden la resoluci贸n de delitos, pero tambi茅n exponer ante las autoridades vastos repositorios de informaci贸n personal.
鈥淓s algo de enorme trascendencia鈥�, afirm贸 William McGeveran, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota y experto en derecho de privacidad de datos. 鈥淟as cuestiones que aqu铆 se plantean son aplicables a cualquier tecnolog铆a digital que rastree su ubicaci贸n, lo cual abarca una gran cantidad de dispositivos y servicios鈥�.
En Virginia, la polic铆a sostiene que, en 2019, Okello Chatrie entreg贸 una nota a un cajero bancario inst谩ndole a 鈥渆ntregar todo el efectivo鈥� y exigiendo 鈥渁l menos 100.000, as铆 nadie saldr谩 herido y su familia quedar谩 libre鈥�. Inicialmente, la polic铆a no logr贸 identificar a ning煤n sospechoso. No obstante, los agentes observaron en las c谩maras de seguridad que el autor utilizaba su tel茅fono antes de cometer el atraco. Fue entonces cuando solicitaron a Google los datos de ubicaci贸n.
Una vez identificado Chatrie, las autoridades ejecutaron 贸rdenes de registro federales y hallaron en su dormitorio 鈥渘otas de exigencia propias de un atraco鈥�, cerca de US$ 100.000 en efectivo y una pistola de 9 mm. La polic铆a afirma que Chatrie confes贸 haber cometido el atraco y, finalmente, fue condenado a m谩s de 11 a帽os de prisi贸n.
Chatrie se declar贸 culpable bajo condici贸n, reserv谩ndose el derecho a interponer un recurso de apelaci贸n en relaci贸n con la orden de geocerca. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito con sede en Richmond fall贸 en su contra, dictaminando que dicha orden no constitu铆a un 鈥渞egistro鈥� a los efectos de la Cuarta Enmienda. Al fin y al cabo, argument贸 el tribunal, cuando las personas permiten que las empresas tecnol贸gicas recopilen sus datos, por lo general lo hacen de manera voluntaria. Se trata de un argumento en el que el Departamento de Justicia, que defiende las 贸rdenes judiciales, se apoya firmemente.
Chatrie 鈥渘o tom贸 ninguna medida para proteger la confidencialidad de su ubicaci贸n, como pausar la funci贸n de Historial de Ubicaciones que ten铆a activada, o ajustar, desactivar o prescindir de su tel茅fono celular durante la comisi贸n de su delito鈥�, declar贸 ante la Corte Suprema el procurador general D. John Sauer.
Sin embargo, los abogados de Chatrie sostienen que esta l贸gica no es aplicable a su caso, en parte debido a un precedente establecido por la Corte Suprema en 2018. En aquel caso, Carpenter vs. Estados Unidos, una Corte dividida dictamin贸 que, por norma general, las fuerzas del orden deben demostrar la existencia de causa probable antes de acceder a los datos de las torres de telefon铆a celular para rastrear los movimientos de los sospechosos. Si las autoridades requieren una orden judicial para obtener datos de las torres de telefon铆a, argumentaron los abogados de Chatrie, entonces, con mayor raz贸n, deben obtenerla para acceder a datos que resultan ser mucho m谩s precisos.
Los datos de ubicaci贸n en cuesti贸n en el caso de Chatrie permiten determinar la posici贸n de una persona con una precisi贸n de tres metros cada dos minutos.
鈥淧uede que la tecnolog铆a sea novedosa, pero el problema constitucional que plantea no lo es鈥�, afirm贸 ante la Corte Suprema Adam Unikowsky, abogado de Chatrie. 鈥淟a Cuarta Enmienda surgi贸 de la profunda aversi贸n que sent铆an los padres fundadores hacia las 贸rdenes de registro generales y las 贸rdenes de asistencia (writs of assistance), instrumentos que facultaban al Gobierno para realizar registros primero y formular sospechas a posteriori鈥�.
En la sentencia del caso Carpenter, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts 鈥攄e tendencia conservadora鈥� se sum贸 a la mayor铆a junto con el ala liberal de la Corte, compuesta en aquel entonces por cuatro magistrados. Tres de los actuales magistrados conservadores 鈥擟larence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch鈥� emitieron votos disidentes.
Desde entonces, se han incorporado al tribunal tres nuevos magistrados: los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, y la liberal Ketanji Brown Jackson.
Las 贸rdenes de registro basadas en geocercas han dividido a los tribunales inferiores, y los casos relacionados con la Cuarta Enmienda pueden dar lugar a alianzas impredecibles en la Corte Suprema, que intenta conciliar un lenguaje ratificado en 1791 con dispositivos de rastreo GPS, conversaciones con inteligencia artificial y c谩maras de videoportero.
En una importante decisi贸n de 1967, la Corte Suprema dictamin贸 que la Cuarta Enmienda exig铆a a los agentes federales obtener una orden judicial antes de intervenir un tel茅fono p煤blico. Dicha decisi贸n estableci贸 la idea de que la Constituci贸n ofrece protecci贸n contra los registros, incluso en ausencia de una intrusi贸n f铆sica. Una opini贸n concurrente en ese fallo, emitida por el juez John Marshall Harlan II 鈥攏ominado por el presidente Dwight D. Eisenhower鈥�, suger铆a que se produce un registro siempre que el gobierno vulnera una 鈥渆xpectativa razonable de privacidad鈥�.
Esa idea ha constituido una fuerza dominante en la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de la Cuarta Enmienda durante d茅cadas.
En 1979, la Corte dictamin贸 que la polic铆a no hab铆a violado la Cuarta Enmienda al obtener de la compa帽铆a telef贸nica un registro de llamadas salientes 鈥攗n dispositivo que registraba los n煤meros marcados鈥� desde el domicilio de un sospechoso. En aquel caso, la Corte razon贸 que los n煤meros marcados constitu铆an 鈥渞egistros comerciales鈥� y que el sospechoso no ten铆a una expectativa razonable de privacidad respecto a ellos, dado que hab铆a revelado voluntariamente a la compa帽铆a telef贸nica el n煤mero que hab铆a marcado.
M谩s recientemente, en 2012, una Corte un谩nime sostuvo que la polic铆a no pod铆a colocar un dispositivo de rastreo GPS en el veh铆culo de un sospechoso sin contar con una orden judicial. Esa decisi贸n, a la que se adhirieron cinco de los actuales miembros de la Corte, result贸 significativa por haber revitalizado la idea de que la Constituci贸n protege la propiedad de las personas frente a registros irrazonables. Los datos inform谩ticos, argumenta Chatrie, constituyen una forma de propiedad: un an谩logo moderno de los 鈥減apeles y efectos鈥� citados espec铆ficamente en la Cuarta Enmienda.
Google, empresa que hab铆a recibido la mayor铆a de dichas 贸rdenes judiciales, modific贸 su pol铆tica para alterar la forma en que se almacenan los datos. Debido a ello, el gobierno federal argument贸 inicialmente que el caso hab铆a quedado, en la pr谩ctica, sin objeto.
No obstante, se帽al贸 McGeveran, los principios en juego podr铆an tener, pese a todo, un alcance tan amplio que abarque desde las transacciones financieras, las fotograf铆as y los correos electr贸nicos hasta una cantidad incalculable de otra informaci贸n que termina alojada en servicios de almacenamiento en l铆nea.
鈥淭al vez ya no represente esa especie de 鈥榲entanilla 煤nica鈥� para las fuerzas del orden鈥�, afirm贸, 鈥減ero sigue siendo una tecnolog铆a que, con toda probabilidad, continuar谩n utilizando鈥�.
The-CNN-Wire
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